La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado un anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que busca regular los derechos de los consumidores de medios en México. Sin embargo, esta iniciativa ha sido criticada por su posible impacto en la libertad de expresión. En contraste, el Congreso de San Luis Potosí derogó la llamada “Ley Serrano”, una reforma penal que había llevado a la detención de tres periodistas en mayo de este año, lo que generó protestas de organizaciones como Artículo 19.
Los comunicadores Eréndira Reyes y su hija Alejandra Hermosillo fueron arrestadas el 21 de mayo y liberadas a principios de junio tras acogerse a una suspensión condicional del proceso. Cristian Herrera, otro periodista, permaneció encarcelado temporalmente, mientras que se emitieron órdenes de aprehensión contra otros periodistas por la supuesta difusión de contenidos alterados con inteligencia artificial.
La derogación de la ley, que establecía penas de uno a seis años de prisión por manipulación de contenidos digitales, fue impulsada por el proceso electoral, ya que la senadora Ruth González Silva, quien promovió la ley, busca ser candidata a Gobernadora. La derogación se aprobó en una sesión extraordinaria del Pleno el 30 de junio, poniendo fin a una legislación que había sido calificada como un instrumento de censura.
Por su parte, Sheinbaum ha defendido su propuesta, argumentando que no busca censurar a los medios. El anteproyecto incluye la obligación de que los medios diferencien entre información noticiosa, opiniones y publicidad, así como la creación de un código de ética. También se establecen medidas para audiencias con discapacidad, como el uso de Lengua de Señas Mexicana y subtitulaje oculto.
No obstante, críticos advierten que las nuevas regulaciones podrían fomentar la censura y la autocensura, al otorgar al Estado una amplia facultad interpretativa sobre lo que constituye información veraz. La discusión sobre estos lineamientos ha generado un intenso debate entre expertos y organizaciones civiles, quienes temen que se conviertan en una herramienta de control político.
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