La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Estados Unidos aún no ha enviado la documentación necesaria para avanzar en la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa. Esta declaración se produjo durante su conferencia matutina el 11 de agosto, más de tres meses después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra ellos.
Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano sigue a la espera de los elementos que sustenten la petición estadounidense. La acusación presentada por las autoridades de EE. UU. no equivale a una orden de extradición ejecutable en México, lo que ha sido claramente distinguido por las autoridades mexicanas desde el inicio del caso.
El 1 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) revisó el requerimiento estadounidense y determinó que no había pruebas suficientes para proceder. Por ello, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionar la entrega de documentación adicional a Washington.
El expediente fue presentado el 29 de abril por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se alegan cargos relacionados con narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa. Además de Rocha Moya, los acusados incluyen a Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil y otros.
Las imputaciones sostienen que estos funcionarios habrían colaborado con el grupo criminal para facilitar el tráfico de drogas. Todos han rechazado las acusaciones y no hay condenas en su contra hasta el momento.
Tras la presentación de los cargos, Rocha Moya solicitó separarse temporalmente del cargo de gobernador, lo que fue aprobado por el Congreso de Sinaloa. Yeraldine Bonilla Valverde asumió como gobernadora interina. Rocha Moya argumentó que su decisión buscaba evitar interferencias en las investigaciones de la FGR y afirmó tener la conciencia tranquila.
La FGR ha abierto diligencias relacionadas con el caso y ha citado a varios de los implicados a declarar. Aunque la falta de información de EE. UU. no cierra el caso, tampoco implica que Rocha Moya haya sido exonerado.
Sheinbaum fue cuestionada sobre si el gobernador con licencia debería regresar a su puesto ante la falta de documentación. La presidenta respondió que esa decisión corresponde a Rocha Moya, quien desde el inicio expresó su deseo de no afectar la gobernabilidad del estado.
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