La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de las críticas relacionadas con el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Durante una conferencia de prensa, aseguró que la propuesta no busca censurar a los medios ni limitar la libertad de expresión, sino garantizar el derecho de las audiencias a recibir información adecuada y fortalecer la autorregulación en el sector.
Sheinbaum respondió a cuestionamientos de periodistas, expertos en telecomunicaciones y organizaciones civiles, quienes han señalado que algunos puntos del proyecto podrían generar restricciones en los contenidos informativos y de opinión. La mandataria afirmó que “es absolutamente falso que se trate de una ley de censura” y enfatizó que el proyecto está en consulta pública para recibir observaciones antes de su aprobación definitiva.
Los lineamientos se derivan de la legislación vigente en telecomunicaciones y buscan hacer efectivos los derechos de las audiencias, incluyendo la identificación clara de contenidos noticiosos, opiniones y publicidad. “El objetivo no es censurar a nadie”, reiteró, destacando que la consulta permite escuchar a empresas, especialistas y ciudadanos antes de finalizar el documento.
El proyecto fue sometido a consulta pública el 27 de julio y estará abierto hasta el 21 de agosto, permitiendo la participación de concesionarios, organizaciones y cualquier interesado. Entre los puntos controversiales se encuentra el derecho de las audiencias a recibir información “veraz y oportuna” y la obligación de los concesionarios de evitar la difusión de información falsa o descontextualizada.
Analistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han expresado su preocupación por la ambigüedad de términos como “información falsa”, que podrían afectar el ejercicio periodístico. Además, han solicitado una revisión más cuidadosa del proyecto, especialmente en lo que respecta a contenidos en plataformas digitales.
Sheinbaum subrayó que el Gobierno federal no busca controlar los contenidos ni establecer mecanismos de censura previa. La discusión se da en un contexto delicado para la libertad de prensa en México, donde el país sigue siendo uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Organizaciones han enfatizado que cualquier cambio en el marco regulatorio debe preservar las garantías constitucionales de libertad de expresión y acceso a la información.
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