El proceso electoral federal comenzó el 10 de septiembre, enfrentando al INE con múltiples desafíos. Un día antes, Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva, un cargo clave en la organización de los comicios, citando motivos de salud.
La presencia de la secretaria de Gobernación en la ceremonia inaugural generó dudas sobre la autonomía del INE, que actualmente enfrenta severas críticas. En este ciclo electoral se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, así como congresos locales en 31 estados y ayuntamientos en 30 entidades.
El INE estima que más de 102 millones de ciudadanos estarán en la Lista Nominal, con la instalación de 176 mil 741 casillas. Sin embargo, el desafío va más allá de la logística electoral; la amenaza del crimen organizado se cierne sobre el proceso. Un artículo en su portal Central Electoral menciona la creciente influencia del crimen en las elecciones, con antecedentes de intimidación a votantes, robo de urnas y financiamiento ilícito a campañas.
El crimen organizado no espera al día de la elección para intervenir. Desde meses antes, amenaza a candidatos, asesina a otros, o fuerza a algunos a retirarse. Según el proyecto Votar entre balas, de Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, entre 2019 y el 29 de junio de 2026, se registraron 2 mil 974 incidentes de violencia política, incluyendo amenazas y asesinatos.
La violencia se ha convertido en una herramienta eficaz para influir en la política local, especialmente en estados como Michoacán, Guerrero y Guanajuato. El INE ha creado una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que puede solicitar información a diversas autoridades para identificar riesgos de infiltración delictiva. Sin embargo, la revisión de candidaturas será voluntaria, lo que limita su efectividad.
En 2027, el INE deberá fiscalizar entre 25 mil y 35 mil candidaturas, lo que plantea un reto significativo ante la penetración del crimen en gobiernos locales. Controlar un municipio otorga a grupos criminales acceso a recursos y decisiones clave.
Durante el proceso electoral 2023-2024, se documentaron 889 víctimas de violencia política y 39 candidatos asesinados, con el 75% de las agresiones concentradas en el ámbito municipal. Proteger la democracia implica no solo contar votos, sino garantizar que los candidatos puedan aspirar a un cargo sin amenazas.
El 6 de junio de 2027, millones de mexicanos recibirán una boleta. Sin embargo, una elección libre y justa dependerá de que nadie con una pistola pueda decidir quién participa en la contienda. El verdadero desafío en los próximos meses será asegurar que la decisión de los votantes se respete y permanezca intacta.
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