La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su administración emitirá un decreto destinado a fortalecer la transparencia en la administración pública federal. Este decreto tiene como objetivo evitar que las dependencias clasifiquen o reserven información de forma discrecional y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. La mandataria anticipó que el documento será presentado en los próximos días como parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción y promover un gobierno abierto.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum mencionó que se reunirá con Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para revisar los detalles finales del decreto antes de su publicación. “Les puedo adelantar: vamos a hacer un decreto para la transparencia”, afirmó, subrayando que las nuevas disposiciones legales establecerán que las autoridades no podrán reservar información por decisión propia.
Las únicas excepciones a esta regla serán en casos donde la información esté relacionada con un proceso judicial en curso o cuando su divulgación represente un riesgo real para la seguridad nacional. “Todo el gobierno debe ser transparente”, insistió Sheinbaum, enfatizando que la norma general será la publicidad de la información gubernamental.
Además del decreto, su administración trabaja en un paquete de reformas legales para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y cerrar vacíos normativos que puedan permitir la opacidad o la impunidad. Las propuestas se están elaborando de manera coordinada entre la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el fin de presentar iniciativas armonizadas que eviten contradicciones entre leyes.
La presidenta explicó que cada organismo está desarrollando las modificaciones legales correspondientes a su ámbito, pero el objetivo es integrar un solo proyecto que refuerce la fiscalización, la transparencia y la sanción de irregularidades en la administración pública.
Este anuncio se produce en un contexto de transformación del sistema nacional de transparencia, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sus funciones fueron transferidas al organismo Transparencia para el Pueblo y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, luego de la reforma constitucional y legal aprobada en 2025. A pesar de este cambio, se mantiene el derecho de acceso a la información pública bajo una nueva estructura administrativa.
Desde el inicio de su mandato, Sheinbaum ha señalado que uno de los pilares de su gobierno es profundizar las políticas de combate a la corrupción, incorporando herramientas digitales, simplificación administrativa y un mayor control sobre el gasto público. Con el decreto anunciado, se busca que las dependencias no puedan reservar documentos con criterios discrecionales, limitando la clasificación de información a lo previsto por la ley.
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