El 21 de agosto de 2026, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, anunció su regreso al cargo tras 112 días de ausencia debido a acusaciones de narcotráfico formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Rocha Moya había solicitado una licencia temporal en mayo de 2026, argumentando que no quería comprometer la gobernabilidad del estado. Sin embargo, al retomar funciones, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no había pruebas en su contra.
La respuesta del gobierno federal y de su partido, Morena, fue inmediata. La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que la decisión de Rocha Moya era “exclusivamente de carácter personal” y que las investigaciones de la FGR sobre las acusaciones de Estados Unidos continuaban abiertas. Por su parte, el partido emitió un comunicado en el que se deslindó de la decisión del gobernador, afirmando que no había tenido conocimiento previo de su reincorporación.
Legisladores morenistas en el Senado también se manifestaron, considerando el regreso de Rocha Moya como un acto individual. En un desplegado, 24 gobernadores de Morena expresaron su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtieron que ningún proyecto personal debe estar por encima del bienestar de México. Exhortaron a Rocha Moya a actuar con “madurez y responsabilidad”, recordándole los principios de honestidad y lealtad que deben regir la Cuarta Transformación.
Aunque no hay evidencia directa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté detrás del regreso de Rocha Moya, el contexto sugiere tensiones dentro de Morena. Su retorno se produce poco después de un apoyo público a Andy López Beltrán, hijo de AMLO, tras el retiro de su visa por parte de Estados Unidos.
La ausencia de Sheinbaum durante el anuncio de Rocha Moya, quien se reportó enferma, también ha generado especulaciones. La presidenta había mencionado que el regreso del gobernador era una decisión personal y que Estados Unidos no había presentado las pruebas solicitadas.
El regreso de Rocha Moya, acusado de vínculos con el narcotráfico, complica las relaciones entre México y Estados Unidos, y podría afectar la percepción del gobierno en su lucha contra el crimen organizado, en un estado que ya enfrenta altos índices de violencia con más de 3,000 homicidios y 4,000 desaparecidos. Este episodio no solo pone a prueba la gobernabilidad en Sinaloa, sino que también refleja las fracturas internas en Morena y la capacidad de Sheinbaum para mantener la unidad del partido.
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