Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, ha intensificado su ofensiva contra alcaldes de Movimiento Ciudadano, acusándolos de diversos delitos. Esta estrategia se ha visto reflejada en el caso del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y su homólogo de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quienes enfrentan procesos de desafuero en el Congreso de Veracruz.
La situación de González se complica tras las acusaciones de que policías municipales estuvieron involucrados en el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Además, se le imputa no haber presentado a tiempo el Plan Municipal de Desarrollo, lo que ha llevado a que se le considere autor intelectual del asesinato de la reportera. González ha defendido su posición, afirmando que los policías fueron contratados tras aprobar los exámenes de control y confianza.
Por su parte, Bravo Montero enfrenta un caso en el que un empresario y sus escoltas desaparecieron tras visitar su domicilio. Las comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso han elaborado dictámenes para desaforarlos, lo que permitiría que enfrenten cargos legales.
Nahle cuenta con el apoyo de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fiscal del estado, quien ha sido señalada por su cercanía con el exsecretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros. Juntos han sido acusados de manipular el sistema judicial para perseguir a opositores políticos.
Las acusaciones contra González incluyen un supuesto testimonio de un “testigo protegido” que lo vincula al secuestro de la periodista, aunque este tipo de evidencia es cuestionada por su falta de validez legal. Otros periodistas han sugerido que el móvil del crimen podría estar relacionado con disputas entre grupos delictivos, no con la libertad de expresión.
La situación de Bravo Montero ha sido criticada por la falta de acción de la fiscalía, que no ha solicitado una orden de cateo para investigar su domicilio tras la desaparición del empresario. La gobernadora ha sido acusada de no haber denunciado antes a los candidatos de MC con supuestas ligas al crimen organizado, lo que podría implicar complicidad.
Mientras tanto, la ex alcaldesa de Morena, Lorena Sánchez Vargas, ha sido señalada por encubrir a huachicoleros, lo que añade más tensión a la situación política en la región.
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