El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) enfrenta un considerable rezago en la resolución de expedientes heredados del antiguo tribunal. A pesar de los esfuerzos, muchas de las decisiones aún son impugnadas ante tribunales colegiados, lo que complica la determinación de sanciones firmes.
Leticia Aguilar Jiménez, presidenta del Trijaev, indicó que desde su llegada, el organismo ha recibido una gran cantidad de expedientes, especialmente en la Sala Centro, ubicada en Xalapa, donde se concentra la mayor parte del trabajo debido a la presencia del Poder Ejecutivo y diversas dependencias estatales. “Estamos trabajando a marchas forzadas desde que llegamos”, afirmó Aguilar.
En cuanto a las sanciones impuestas a funcionarios, Aguilar aclaró que los procedimientos administrativos son distintos a los procesos penales que lleva la Fiscalía General del Estado. En algunos casos, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) puede presentar una denuncia ante la Fiscalía y, al mismo tiempo, remitir el expediente al Tribunal para determinar la responsabilidad administrativa. “Es muy independiente la responsabilidad penal de la administrativa”, enfatizó.
El Tribunal ha abordado casos de administraciones anteriores, como un expediente de un organismo de agua municipal de 2017-2018, que resultó en una inhabilitación de 10 años. Las sanciones por faltas graves pueden oscilar entre 10 y 20 años, siendo los 10 años la sanción mínima.
Con la proximidad del proceso electoral 2026-2027, Aguilar advirtió que no se puede establecer un número definitivo de sanciones firmes, ya que muchas resoluciones son recurridas. “Casi todo se recurre, si no es que todo”, comentó.
Además, la presidenta del Trijaev destacó que algunas resoluciones podrían llevar a la recuperación de importantes sumas de dinero público. Una vez que las sentencias son firmes, pueden convertirse en créditos fiscales, cuya recuperación corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Existen expedientes que involucran montos que van desde 3 hasta 100 millones de pesos.
El Tribunal también atiende juicios promovidos por ciudadanos que consideran que han sido afectados por actos indebidos de autoridades. En estos casos, si un particular obtiene una sentencia favorable, puede recuperar los montos pagados indebidamente. Aguilar mencionó que varios ciudadanos han logrado recuperar recursos a través de este tipo de procedimientos, que no se limitan a Xalapa, sino que abarcan diversas regiones del estado.
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