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Responsabilidad en la gestión pública y su impacto en la salud

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Responsabilidad en la gestión pública y su impacto en la salud

En México, la administración de recursos públicos exige una rendición de cuentas rigurosa. Un tesorero municipal o un funcionario de nivel medio está obligado a justificar cada peso que maneja, ya que cualquier irregularidad puede acarrear sanciones administrativas o penales. Sin embargo, quienes dirigen instituciones vitales para la población rara vez enfrentan consecuencias por los resultados de su gestión.

La situación se torna aún más crítica cuando se observan fallas en infraestructura, como puentes colapsados o obras inconclusas, donde se prometen investigaciones y auditorías. En contraste, cuando un paciente con cáncer debe esperar meses por un tratamiento o una cirugía se pospone repetidamente, la respuesta institucional suele ser una simple frase burocrática: “se están revisando los procedimientos”.

El tiempo es esencial en estos casos, y cada día de espera puede significar una oportunidad perdida para salvar vidas. Sin embargo, la identidad de los funcionarios responsables de decisiones que afectan la salud de los ciudadanos rara vez se hace pública.

En el IMSS y otras instituciones del Estado, el problema no se limita a la falta de presupuesto. También es crucial considerar la planeación, administración y capacidad de respuesta. Una institución puede contar con los recursos necesarios, pero si su dirección es deficiente, el fracaso es inevitable.

Gobernar implica asumir responsabilidades que van más allá de la administración del poder. Los líderes de dependencias públicas deben estar dispuestos a rendir cuentas no solo por el manejo del dinero, sino también por el impacto de sus decisiones en la vida de las personas.

Es momento de reconsiderar el concepto de responsabilidad pública. No basta con presentar un informe de labores o renunciar ante una crisis. La rendición de cuentas debe extenderse a quienes toman decisiones que afectan derechos fundamentales, como el acceso a la salud.

Administrar recursos públicos es una gran responsabilidad, pero gestionar la salud de millones de mexicanos es una obligación aún mayor. Por ello, antes de asumir un cargo, sería prudente exigir no solo un currículum o promesas de campaña, sino también un compromiso real y la disposición de asumir las consecuencias de cada decisión.

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