La autoproclamada Cuarta Transformación enfrenta un dilema crucial: aceptar la infiltración de la narcopolítica en sus filas, como ocurrió con administraciones anteriores, o defender a sus miembros. Este dilema se evidenció con la reciente defensa del gobierno hacia Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por su supuesta colaboración con cárteles en Sinaloa.
Rocha Moya anunció su regreso al gobierno estatal, lo que indica que los aliados de Andrés Manuel López Obrador continúan recibiendo protección desde el Palacio Nacional. A pesar de que la Secretaría de Gobernación argumentó que su regreso es una decisión personal, muchos cuestionan si un individuo señalado por el gobierno estadounidense tiene más poder que la jefa del Estado mexicano.
La defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia el hijo de su antecesor, Andrés López Beltrán, también ha sido objeto de crítica. A pesar de la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos, se considera que esto no afectará sus aspiraciones políticas para el próximo año.
El regreso de Rocha Moya, protegido por López Obrador, se produce en un contexto donde las investigaciones sobre corrupción y narcopolítica parecen estar siendo frenadas. La situación se complica aún más con la reciente participación de Omar García Harfuch en una reunión con la DEA en Argentina, lo que generó malestar entre algunos sectores de Morena.
Este escenario podría influir en las elecciones de 2027, donde los candidatos de Morena podrían estar más alineados con figuras como Rocha, a pesar de las acusaciones en su contra. La percepción de la narcopolítica parece normalizarse, ya que muchos votantes no castigan estos vínculos, lo que sugiere que el partido en el poder podría seguir ganando apoyo en Sinaloa.
Información vía fuente original
