Recientemente, el gobierno ha manifestado un interés notable por los derechos de las audiencias, afirmando que su objetivo es empoderar a la ciudadanía, mejorar la información y fortalecer la democracia. Sin embargo, surge la pregunta: ¿quién determinará qué es verdadero y qué es falso? Aunque la intención de garantizar información veraz y oportuna parece loable, el verdadero desafío radica en la posibilidad de que una autoridad decida qué opiniones son aceptables y cuáles no.
La palabra ‘audiencia’ proviene del latín ‘audientia’, que significa escuchar. El enfoque debería ser permitir que la ciudadanía escuche diversas voces y forme su propio criterio, en lugar de que una entidad gubernamental reemplace su capacidad de discernimiento.
Resulta difícil de creer que esta preocupación por las audiencias haya surgido de manera repentina y espontánea en el gobierno. Si esta autoridad asume el control sobre la información, el derecho a la información podría transformarse en un mecanismo de control sobre los contenidos.
¿Quién protege a las audiencias del poder cuando este busca convertirse en el árbitro de la verdad? La falta de acción frente al debilitamiento del Estado de Derecho y del Poder Judicial genera desconfianza en la capacidad del gobierno para ser un garante efectivo de las audiencias. Si realmente se busca proteger a la ciudadanía, deberían implementarse mecanismos independientes y éticos que salvaguarden a los ciudadanos de los abusos tanto de los medios como del poder.
Las audiencias necesitan la libertad de escuchar, comparar y cuestionar, así como un organismo autónomo que las respalde, libre de influencias gubernamentales y mediáticas. Esta autonomía también debería aplicarse a la propaganda política del gobierno, en cumplimiento con el artículo 134 de la Constitución.
Un claro ejemplo de esta problemática es la conferencia matutina del presidente, donde se supervisa lo que dicen los medios, pero se ignoran las declaraciones del poder. Si la intención es proteger a las audiencias, también es vital resguardar al ciudadano frente al poder. El artículo 87 constitucional establece que el presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, y que la Nación puede demandarle si no lo hace. Es fundamental que esta declaración se convierta en un derecho efectivo, permitiendo que la Nación exija responsabilidad a sus gobernantes. Si la Constitución establece esto, pero no hay un mecanismo para hacerlo cumplir, corre el riesgo de ser solo una formalidad. Proteger a las audiencias de las mentiras y abusos implica también proteger al pueblo de México de las falacias y abusos provenientes del poder.
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