El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha manifestado que existen indicios sólidos de que las desapariciones forzadas en México se llevan a cabo de manera generalizada o sistemática. Durante su informe anual presentado en Nueva York, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, instó a la comunidad internacional a establecer mecanismos extraordinarios de cooperación para abordar esta crisis, mientras que el Gobierno mexicano continúa rechazando la decisión de llevar el caso al organismo internacional.
Albán explicó que la decisión de recurrir al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se tomó en abril de 2026. Este procedimiento excepcional permite que situaciones de gravedad sean presentadas ante la Asamblea General. La determinación se basa en información del Gobierno mexicano, testimonios de víctimas, aportaciones de organizaciones civiles y documentación recopilada por el Comité desde 2012.
El Comité concluyó que hay fundamentos suficientes para considerar que las desapariciones forzadas han ocurrido y siguen ocurriendo en México, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad. Aunque Albán reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas, subrayó que los avances no resuelven los problemas estructurales que perpetúan la crisis, como la búsqueda de desaparecidos y la falta de justicia para las familias.
El presidente del Comité aclaró que esta decisión no implica una sentencia internacional contra México ni establece la responsabilidad jurídica del Estado. Además, no se encontraron pruebas de una política federal deliberada para cometer o permitir desapariciones forzadas.
La activación del artículo 34 representa una oportunidad para movilizar asistencia internacional y fortalecer capacidades nacionales. El Comité instó a los Estados miembros de la ONU a considerar mecanismos de cooperación técnica y apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.
A pesar de que el Gobierno mexicano reportó la localización de 16 mil personas desaparecidas en 2026, las cifras oficiales indican que más de 130 mil personas siguen desaparecidas en el país. Es crucial distinguir entre las desapariciones registradas y aquellas que pueden clasificarse legalmente como desapariciones forzadas.
El Gobierno ha rechazado la interpretación del Comité, argumentando que cuenta con instituciones y estrategias para enfrentar la problemática. Esta controversia refleja la tensión entre la ONU y el Estado mexicano, donde miles de familias continúan buscando a sus seres queridos, enfrentando rezagos forenses y riesgos en su labor.
La intervención del Comité no implica una declaración de culpabilidad a México por crímenes de lesa humanidad, sino que es un procedimiento para que la Asamblea General evalúe la situación y considere posibles medidas de asistencia. La respuesta a esta crisis requiere ir más allá de los esfuerzos oficiales, buscando cooperación internacional para esclarecer los casos y garantizar justicia a las familias afectadas.
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