El gobierno federal ha presentado los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que estarán en consulta pública hasta el 21 de agosto. Aunque en teoría estos lineamientos parecen inofensivos, la preocupación radica en quién los implementa y supervisa.
La propuesta incluye aspectos como la defensa de las audiencias, códigos de ética, y el derecho de réplica, todos elementos que ya están reconocidos en democracias consolidadas y que México había adoptado desde la reforma constitucional de 2013. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es una dependencia del Poder Ejecutivo, lo que plantea serias dudas sobre su autonomía y la efectividad de estos lineamientos.
Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, ha señalado que el Ejecutivo se está arrogando la facultad de determinar qué es verdad y qué es mentira, lo cual es un riesgo significativo para la libertad de expresión. Este poder, que ya controla qué medios son considerados veraces, ahora podría tener la capacidad de definir la información y la opinión, lo que se considera un acto de autoritarismo.
Incluso la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión ha expresado que los lineamientos son ambiguos y ha solicitado mayor claridad, lo que indica que hay preocupaciones legítimas sobre su implementación.
Además, la presidenta Sheinbaum ha sugerido que estos lineamientos se apliquen también a la prensa escrita y medios digitales, lo que podría llevar a una regulación de contenidos periodísticos, algo que debe ser debatido en el Congreso y no decidido administrativamente.
Para que estos lineamientos sean efectivos y no se conviertan en una herramienta de censura, es crucial que la instancia que resuelva quejas sobre veracidad y objetividad no dependa del Ejecutivo. También es necesario que cualquier extensión a otros medios pase por un debate legislativo completo.
La consulta pública actual es insuficiente para abordar un tema de tal magnitud, y proteger a las audiencias no debe significar entregar al gobierno el control sobre la verdad. Cuanto más poder tenga el Estado para calificar la información, menos protegida estará la audiencia.
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