El Comité de expertos ha recomendado prohibir la extracción de gas natural de yacimientos no convencionales en la cuenca Tampico-Misantla, que abarca partes de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas. Esta decisión surge en un contexto donde México, dependiente de las importaciones de gas natural, busca alternativas para fortalecer su sistema eléctrico e industrial.
La administración de Claudia Sheinbaum ha comenzado a explorar la posibilidad de aprovechar los yacimientos de gas no convencional, pero no ha autorizado una explotación generalizada mediante fracturación hidráulica. En cambio, se han aceptado las conclusiones de un grupo de 54 especialistas que sugieren que la investigación sobre estos recursos se limite a las cuencas Sabinas-Burro-Picachos en Coahuila y Nuevo León, y Burgos en Tamaulipas.
Antes de considerar la producción, es crucial determinar si se pueden extraer estos recursos sin comprometer los acuíferos. Para ello, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizará perforaciones de exploración para identificar la presencia de agua salada y su relación con los acuíferos que abastecen a las comunidades.
El gobierno busca evitar que la extracción de gas afecte el agua destinada al consumo humano y la agricultura. Si se desarrollan proyectos, se utilizará agua salada de formaciones profundas o agua residual, asegurando que al menos el 75% del agua utilizada sea reciclada.
México consume aproximadamente 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural al día, con un 75% de este volumen importado, principalmente de Estados Unidos. La dependencia del gas natural es crítica, ya que representa cerca del 70% de la generación eléctrica del país.
Sheinbaum enfatizó que el objetivo es reducir la dependencia externa, aunque reconoció que aún se necesitarían importaciones. La extracción de gas no convencional, que implica técnicas como el fracking, ha sido objeto de controversia debido a sus posibles impactos ambientales.
El comité estableció condiciones estrictas para cualquier futura explotación, como garantizar que los acuíferos no estén conectados a las formaciones de agua salada, monitorear la calidad del agua y realizar consultas previas con las comunidades afectadas. También se sugirió mejorar la eficiencia en el uso del gas existente antes de buscar nuevas fuentes.
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