El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, admitió que el operativo policial realizado frente a Casa Jalisco durante la manifestación por la calidad del agua mostró “graves deficiencias” y un uso excesivo de la fuerza, resultando en detenciones injustas. Este 13 de octubre, Lemus anunció que las 39 personas detenidas han sido liberadas, aunque esto no implica el cierre de las investigaciones ministeriales relacionadas con los incidentes.
“Debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias, que en el momento más crítico se salió de control”, expresó el gobernador en un video compartido en sus redes sociales. También indicó que los manifestantes no debieron ser rociados con agua ni gas durante la intervención.
Lemus solicitó una investigación interna que contará con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para determinar responsabilidades y sanciones para los policías que incurrieron en abusos. Aseguró que algunos de los agentes implicados ya han sido identificados. “Siempre hemos dicho que el que la hace la paga, y eso también aplica para los de adentro”, afirmó.
No obstante, el anuncio no incluyó detalles sobre los agentes bajo investigación, las posibles sanciones ni un calendario para resolver las quejas. La reparación del daño a los afectados y las medidas para prevenir futuros abusos aún están pendientes.
La liberación de los detenidos no significa que se cierren sus expedientes. La Fiscalía de Jalisco ha indicado que algunos continuarán bajo investigación por presuntos delitos relacionados con la protesta, como lesiones y ataques a las vías de comunicación. La autoridad ministerial puede seguir integrando carpetas aun cuando los investigados estén en libertad, dependiendo de cada caso.
La movilización del 11 de octubre en Guadalajara reunió a ciudadanos insatisfechos con la calidad del agua que reciben, quienes denunciaron la presencia de líquido turbio y malos olores. La protesta culminó frente a Casa Jalisco, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías.
La CEDHJ ha abierto una investigación de oficio y ha recibido cinco quejas iniciales por presuntos abusos de autoridad. Durante el operativo, se reportaron 39 detenidos y varios policías lesionados. La comisión evaluará testimonios y pruebas para determinar si hubo violaciones a derechos humanos.
El reconocimiento de fallas por parte del gobernador contradice la postura inicial de su administración, que había atribuido los disturbios a un supuesto grupo de choque. Ahora, el compromiso se centra en investigar la conducta de los agentes estatales y establecer responsabilidades.
Hasta el momento, no se han anunciado sanciones definitivas ni un mecanismo público para la reparación integral de las personas afectadas. La resolución de las investigaciones sobre los posibles abusos policiales y las indagatorias contra los manifestantes será crucial para entender las consecuencias legales del operativo.
Información vía fuente original
