Habitantes de Atzalan han expresado su preocupación por posibles irregularidades en la lotificación de terrenos cercanos a una rampa de frenado. Solicitan una revisión de los permisos otorgados y la legalidad de los predios, que podrían estar ubicados en una zona federal.
Las denuncias apuntan a la administración del Ayuntamiento, tanto de Carlos García como de la actual gestión de Homero Domínguez, conocido como “Jonny”. Los ciudadanos afirman que el proceso de lotificación avanzó sin la debida claridad sobre los permisos y el destino de los terrenos.
Los inconformes sugieren que detrás de estas operaciones inmobiliarias podrían existir intereses particulares que benefician a personas cercanas al gobierno municipal. Uno de los señalamientos incluye el registro de algunos lotes a nombre de familiares de empleados del Ayuntamiento, lo que podría implicar conflictos de interés y uso indebido de información privilegiada.
Además, se menciona que el área de Obras Públicas pudo haber intervenido en el proceso, y que su titular habría recibido terrenos a cambio de facilitar la autorización de permisos. Estas acusaciones requieren verificación oficial para determinar si hubo irregularidades administrativas o delitos.
Los ciudadanos han hecho un llamado al secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, y a la gobernadora Rocío Nahle García, para que se realice una auditoría de los permisos otorgados y se aclare la situación legal de los predios. También exigen identificar a las autoridades involucradas y evaluar si hubo actos de corrupción o tráfico de influencias.
La comunidad está preocupada por la posible participación de particulares y fedatarios públicos en la formalización de estas transacciones. Insisten en la necesidad de garantizar la transparencia en el manejo del suelo y proteger los bienes públicos de intereses privados.
El caso resalta la urgencia de esclarecer la naturaleza jurídica de los terrenos y determinar la competencia de las autoridades sobre ellos. Si se confirma que forman parte de una zona federal, será crucial verificar la validez de las autorizaciones para su uso y si las operaciones se ajustaron a la ley.
Por el momento, las acusaciones no implican una responsabilidad directa para los funcionarios mencionados. La revisión de documentos y permisos será clave para confirmar o desestimar las irregularidades señaladas. Los habitantes esperan que las autoridades actúen para esclarecer los hechos y asegurar que cualquier operación inmobiliaria se realice de acuerdo con la ley.
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