La reciente renuncia de Mónica Soto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha generado un análisis sobre su legado tras casi diez años en el cargo. Soto anunció su salida el 17 de agosto, aunque su mandato se había extendido hasta 2028 por una reforma aprobada este año. La Comisión Permanente aceptó su renuncia con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones, a pesar de que la Constitución establece que esto debe ser por causa grave, mientras que ella argumentó una decisión personal.
Su llegada a la presidencia del TEPJF fue tumultuosa. A finales de 2023, junto a Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, retiró su apoyo al entonces presidente Reyes Rodríguez Mondragón, quien renunció anticipadamente. Posteriormente, ese mismo bloque eligió a Soto como presidenta, incluso votando por ella misma.
En 2024, su voto fue crucial para confirmar la distribución de diputaciones plurinominales que permitió a Morena, PT y Partido Verde alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Esta mayoría facilitó la aprobación de reformas constitucionales que transformaron el Poder Judicial y promovieron la elección popular de jueces y magistrados.
Entre las decisiones más controvertidas de Soto se encuentra su postura sobre el caso de los “acordeones” en las elecciones, donde, a pesar de contar con 3,188 acordeones físicos y 374 evidencias digitales, consideró que no había pruebas suficientes para determinar su impacto en los resultados. Además, su sentencia sobre el caso de Pío López Obrador y David León, que cerró el expediente sin sanciones, también ha sido objeto de críticas.
Aunque no hay evidencia de que Soto recibiera instrucciones directas de Andrés Manuel López Obrador, sus decisiones favorecieron consistentemente al proyecto político del actual presidente. A pesar de haber promovido la perspectiva de género al utilizar “lentes violetas”, su legado se ve empañado por la falta de credibilidad del TEPJF en la protección del voto ciudadano.
Durante la discusión de su renuncia, la diputada priista Carolina Viggiano planteó dudas sobre posibles recompensas futuras para Soto, sugiriendo que podría recibir un consulado o embajada. Según la Ley General en Materia de Delitos Electorales, no podrá ocupar cargos públicos en la Administración Federal, el Senado o la Cámara de Diputados. Sin embargo, la presidenta ha dejado abierta la posibilidad de que Soto forme parte de su gobierno, lo que podría perpetuar un ciclo de decisiones cuestionables.
El legado de Mónica Soto se medirá no solo por su representación, sino por las decisiones que tomó en momentos críticos para la independencia del árbitro electoral.
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