La discusión sobre la dictadura de Ortega-Murillo se reaviva cada 19 de julio. Este régimen intenta presentarse como el heredero de la Revolución Popular Sandinista, mientras que ciertos sectores de la oposición refuerzan esta narrativa al considerar que el actual gobierno es la consecuencia lógica de la revolución de 1979. Sin embargo, ambas posturas son erróneas.
La dictadura que oprime Nicaragua no surgió de la Revolución, sino de la concentración del poder, el abandono de principios democráticos y la traición a los ideales que se decían representar. La insurrección del 19 de julio de 1979 fue un esfuerzo colectivo que involucró a campesinos, estudiantes, obreros y ciudadanos de diversas clases sociales, no solo a un grupo reducido de líderes.
Reducir la Revolución a la figura de Daniel Ortega es una de las mayores distorsiones de la historia reciente de Nicaragua. Muchos de los líderes históricos se separaron de Ortega antes de 2018 y sufrieron persecución, encarcelamiento o exilio. La actual administración ha desplazado a estos protagonistas, creando un aparato político que incluye a personas ajenas a la lucha contra Somoza.
La Revolución de 1979 se basó en un consenso nacional y una participación popular significativa, evidenciada en iniciativas como la Cruzada Nacional de Alfabetización y la reforma agraria. Sin embargo, también estuvo marcada por errores, como violaciones a los derechos humanos y la represión de comunidades.
Después de la derrota electoral de 1990, Nicaragua tuvo la posibilidad de construir una democracia sólida, pero las políticas económicas y la falta de reconciliación alimentaron el resurgimiento del caudillismo. Ortega regresó a la presidencia 16 años después, pero su régimen se alejó de los ideales revolucionarios, evidenciando problemas como la corrupción y el abuso del poder.
El actual régimen no es simplemente una consecuencia de la Revolución, sino también del pacto con Arnoldo Alemán, el fraude institucionalizado y la complicidad de diversos sectores que han permitido el deterioro de las garantías democráticas.
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