En su primera intervención como presidenta de Perú ante la Asamblea General de la ONU, Keiko Fujimori abordó la lucha contra el crimen organizado transnacional. Durante el 81 periodo de sesiones, celebrado en Nueva York, enfatizó que su gobierno enfrenta el desafío de las organizaciones criminales que operan tanto dentro como fuera del país, sugiriendo que deberían ser consideradas grupos terroristas.
Fujimori destacó que las redes delictivas, relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, asesinatos y extorsiones, han demostrado capacidad para operar más allá de las fronteras nacionales. Describió esta situación como una guerra diferente a los conflictos tradicionales, ya que estas organizaciones no tienen un frente de combate definido ni estructuras militares convencionales.
La presidenta peruana argumentó que abordar este fenómeno de manera aislada permite a las organizaciones delictivas expandir sus operaciones. Por ello, abogó por una respuesta coordinada entre países y mencionó la reciente inclusión de Perú en el Escudo de las Américas, una estrategia de cooperación regional en seguridad.
Uno de los puntos clave de su discurso fue la necesidad de un marco legal que permita la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional contra las organizaciones criminales. Fujimori afirmó que definir jurídicamente a estos grupos facilitaría establecer las facultades de las instituciones encargadas de enfrentar amenazas al orden interno.
Además, vinculó la estrategia de seguridad con la educación, señalando que el combate a las estructuras criminales debe ir acompañado de mejoras en el sistema educativo. Propuso elevar la calidad de la educación, fortalecer la infraestructura escolar y asegurar que los estudiantes cuenten con materiales adecuados.
Fujimori también recordó la experiencia de Perú durante el periodo de violencia política y terrorismo, haciendo énfasis en que los integrantes de las fuerzas de seguridad que lucharon contra el terrorismo aún enfrentan procesos judiciales. Reivindicó las acciones de su padre, Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000 y fue condenado por violaciones a los derechos humanos.
En su intervención, la mandataria reafirmó el compromiso de Perú con la Carta de la ONU, defendiendo la soberanía de los Estados y promoviendo una comunidad internacional que resuelva conflictos mediante el diálogo y la cooperación. Su participación se dio 57 días después de asumir la presidencia, posicionando la seguridad y el combate al crimen organizado como ejes centrales de su agenda internacional.
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