En mayo de 2023, el gobierno mexicano destituyó a Ignacio Ovalle de su cargo como titular de Segalmex, en medio de investigaciones por un desfalco millonario. Con nuevos funcionarios al mando, se implementó una política de suministro de leche que pronto dio lugar a nuevas irregularidades.
Gregorio Chávez, gerente estatal de Liconsa en Chihuahua, formalizó un contrato para la compra de leche a varios proveedores locales. Este contrato incluía nombres escritos a mano, algunos con firma y otros con huella digital. Posteriormente, se reveló que Chávez había declarado ingresos anuales superiores a 800 mil pesos, casi ocho veces más que otros funcionarios similares en el país. Además, se descubrió su parentesco con Andrea Chávez, exsenadora de Morena y actual aspirante a gobernar Chihuahua.
En febrero de 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó graves irregularidades en el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023, operado por el hermano de Chávez. La ASF señaló que el funcionario debía ser investigado por abuso de funciones y desvío de recursos, ya que se realizaron pagos por más de un millón de pesos a dos personas fallecidas, a pesar de que sus defunciones estaban registradas.
La auditoría 23-0235 a Liconsa también reveló que había 45 millones de pesos pendientes de aclarar y se incluyeron siete promociones de responsabilidad administrativa. En 2023, Liconsa pagó más de 35 millones de pesos a proveedores que excedieron el límite de vacas en ordeña, lo que les impedía acceder al precio de garantía.
Los pagos indebidos se registraron en los Centros de Acopio de San Pedro, Coahuila, en el PAS Chihuahua y en Jalisco. En Chihuahua, Chávez pagó un millón de pesos a dos personas que habían fallecido en 2023. En Jalisco, se destinaron 8.8 millones de pesos por seis millones de litros de leche que nunca se recolectaron.
Un documento confidencial de la Secretaría de Agricultura detalla las irregularidades y menciona a Rubén Ramírez, exgerente estatal de Liconsa en Jalisco, quien está bajo investigación por desvío de recursos. También se señala a Alma Rosa Garza y Eduardo Valdés, subgerentes en Coahuila, por desvíos de 14.9 millones de pesos. Chávez es el único de los cuatro funcionarios señalados que sigue activo en Liconsa.
A pesar de las irregularidades, la investigación no ha avanzado, ya que no ha sido remitida a la Dirección General de Investigación y Responsabilidades. En su reciente informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los logros en la distribución de leche, dejando en duda si está al tanto de estas irregularidades y de las investigaciones que la ASF ordenó desde 2025.
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