Las indagaciones sobre el denominado “cártel inmobiliario” en Veracruz han suscitado interrogantes sobre la profundidad de una estructura que no pudo haberse formado de forma repentina. Las miradas se centran en el periodo en que Eric Patrocinio Cisneros Burgos ocupó la Secretaría de Gobierno bajo la administración de Cuitláhuac García Jiménez. Aunque aún no hay responsabilidades judiciales concretas, diversos señalamientos periodísticos vinculan al exfuncionario y a personas cercanas a él con controversias en el ámbito inmobiliario.
Durante su gestión, la Secretaría de Gobierno mantuvo vínculos directos con el Registro Público de la Propiedad y el Archivo General de Notarías. Documentación oficial indica que Cisneros participaba en reuniones con la Fiscalía y representantes del notariado veracruzano. Recientes publicaciones han señalado a Cisneros como posible articulador o protector de individuos implicados en conflictos inmobiliarios en Xalapa y Coatepec, acusaciones que requieren una investigación formal y evidencia, pero que adquieren mayor relevancia ante la acumulación de denuncias sobre falsificación de documentos y despojos.
Además, se han hecho conexiones entre Cisneros y personajes supuestamente relacionados con la delincuencia organizada. Una columna de Gobernantes destacó sus visitas a Vega de Alatorre y sus vínculos previos con personas asociadas a Rafael Caro Quintero. Aunque son solo señalamientos periodísticos y no sentencias, estos antecedentes deben ser esclarecidos por las autoridades.
Recientemente, la Fiscalía General del Estado anunció la imputación de Fernando “N”, notario público de Catemaco, por presunta responsabilidad en fraude y delito contra la fe pública. Un juez le dictó prisión preventiva en el proceso penal 221/2026, tras la denuncia de una persona que fue engañada para firmar documentos relacionados con su propiedad.
Este caso no prueba la existencia de una red completa ni implica directamente a Cisneros, pero sí confirma que hay investigaciones sobre posibles irregularidades en una institución cuya función es garantizar la certeza jurídica. Ahora, el actual secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, tiene la tarea de desmantelar cualquier estructura irregular que pudiera haber perdurado de administraciones anteriores.
La gobernadora Rocío Nahle García ha instruido a investigar a fondo, sin proteger a nombres o notarías, para limpiar el Registro Público y el sistema notarial, lo que implica no solo encarcelar a los responsables, sino también erradicar una posible herencia de impunidad que podría haber convertido la fe pública en un negocio privado lucrativo.
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