El Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido aplazar la discusión sobre las reglas que buscan regular las llamadas “pre-precampañas”, lo que ha generado preocupación sobre su autoridad y la equidad en el proceso electoral. Esta figura política, que no está contemplada en la ley, es utilizada por los partidos para llevar a cabo actividades que se asemejan a campañas sin solicitar el voto directamente.
Mientras los consejeros del INE debaten cómo definir estas actividades, los partidos ya han comenzado a implementarlas. En lugar de pedir el voto, se habla de “dialogar con la militancia”; en lugar de promocionar candidatos, se busca “fortalecer el liderazgo”. Las giras y eventos que se realizan no son más que campañas disfrazadas, y todos son conscientes de su verdadero propósito.
La situación no es nueva. Desde hace años, la autoridad electoral ha enfrentado dificultades para adaptarse a las nuevas estrategias que utilizan los partidos para eludir la legislación. Inicialmente, se trató de informes legislativos y de gobierno, luego surgieron asociaciones civiles y giras nacionales, y ahora se presentan las “pre-precampañas”.
Este fenómeno crea una competencia electoral desigual. Algunos actores políticos tienen la oportunidad de construir su imagen pública durante meses antes de que inicie oficialmente el proceso electoral, lo que les otorga una ventaja significativa. Esta desventaja afecta la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.
El INE fue creado para garantizar certeza y ofrecer reglas claras, evitando que el poder político se adelantara a la ley. Sin embargo, al posponer la discusión de estas reglas, se corre el riesgo de que la democracia pague las consecuencias.
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