La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha iniciado una investigación sobre posibles irregularidades en los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), señalando a varios exfuncionarios y directivos. Este anuncio llega tras la difusión de reportes periodísticos que sugieren conflictos de interés y colusión entre proveedores. Hasta el 24 de octubre de 2026, no se han establecido responsabilidades administrativas o penales contra los mencionados.
La controversia se intensificó cuando se reveló que algunos proveedores de material electoral, que recibieron contratos millonarios, tienen vínculos personales o profesionales con Guadalupe Taddei, la consejera presidenta del INE. Entre los exfuncionarios implicados se encuentra Jesús Octavio García González, exdirector de Administración, quien dejó su puesto en abril de 2026. García González había representado a empresas como Corporativo Zeg y Cajas Graf en contrataciones con el INE, lo que generó dudas sobre un posible conflicto de interés.
Claudia Espino, quien fue secretaria ejecutiva del INE hasta septiembre de 2026, también aparece en los reportes, aunque su salida no se considera una destitución relacionada con el escándalo. Jonathan Navarrete Torres, empleado de la oficina de la presidencia del INE, ha sido señalado por su relación con Corporativo Zeg, aunque Taddei ha negado que haya sido su chofer.
Otros funcionarios mencionados incluyen a Mario Alfonso Burciaga, Enma Patricia García, Iliana Araceli Hernández Gómez y José Alberto Pérez de Acha, quienes han sido vinculados a reuniones con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con las empresas bajo investigación.
La Unidad de Inteligencia Financiera también está revisando operaciones irregulares asociadas a estas empresas, que incluyen sospechas de simulación de competencia en licitaciones. Un contrato notable en cuestión es el de producción de credenciales para votar, por un monto de mil 173 millones de pesos, además de adjudicaciones por casi 200 millones para materiales de la elección judicial de 2025.
El 23 de octubre, la ASF anunció su indagatoria sobre las contrataciones del INE y de organismos electorales locales, buscando evidencias de conflictos de interés y triangulación de recursos. Taddei ha defendido la legalidad de los procesos de contratación y ha afirmado que los exfuncionarios mencionados ya no están en el INE. La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado una revisión de las denuncias y claridad en el uso de recursos públicos, mientras que la controversia ha suscitado exigencias de transparencia dentro del Consejo General del INE.
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