El Ayuntamiento de Limoges, en el centro de Francia, fue incendiado el sábado 17 de octubre después de una manifestación nacional contra el aumento del costo de vida. El fuego se propagó por una de las alas del edificio, alcanzando el techo, mientras los bomberos luchaban por controlar las llamas y evitar daños mayores a esta emblemática construcción inaugurada en 1883.
La violencia en la jornada provocó la movilización de servicios de emergencia y fuerzas de seguridad, con enfrentamientos, incendios y saqueos reportados en varias ciudades del país. Testigos en Limoges indicaron que individuos encapuchados incendiaron un vehículo de la policía municipal, rompieron ventanas y luego ingresaron al ayuntamiento para prenderle fuego.
Cientos de personas observaron el incendio desde las cercanías, mientras los equipos de emergencia intentaban controlar la situación. Además del ataque al ayuntamiento, se incendiaron vehículos policiales y se registraron saqueos en comercios del centro de la ciudad. En las inmediaciones de la prefectura de Alto Vienne, se lanzaron proyectiles y artefactos pirotécnicos, lo que llevó a la policía a utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Las protestas, que reunieron a estudiantes, trabajadores y sindicatos, reflejan un creciente descontento por el costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos. La Confederación General del Trabajo (CGT) estimó que alrededor de 800 mil personas participaron en las movilizaciones, aunque otros informes sugieren cifras más bajas. Durante los disturbios, se reportaron cientos de detenciones y daños materiales significativos, lo que llevó a un despliegue de seguridad en diversas localidades.
Otras ciudades también sufrieron daños. En Marsella, manifestantes causaron destrozos en el ayuntamiento, mientras que en Lille y Lyon se reportaron incidentes similares. El presidente Emmanuel Macron condenó los ataques a bienes públicos y advirtió que los responsables enfrentarían consecuencias legales. La jornada de violencia ha elevado la presión sobre el Gobierno francés, planteando interrogantes sobre la protección de edificios públicos durante las manifestaciones.
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