Desde la firma del Acuerdo Nacional para la Federalización de los Servicios de Salud en octubre de 2023, el sistema de salud en Veracruz ha enfrentado serios retos. Este acuerdo, firmado por el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, busca transferir la administración de la salud estatal al modelo IMSS-Bienestar, con el objetivo de atender a la población sin seguridad social.
Sin embargo, este cambio ha desatado preocupaciones sobre la gestión de medicamentos y la atención médica. Existen denuncias sobre la falta de control en la entrega de fármacos, donde pacientes reportan que solo reciben una parte de lo que requieren. Esta situación ha permitido que algunos medicamentos terminen en el mercado negro, facilitando su venta clandestina.
El proceso para obtener medicamentos en el IMSS-Bienestar ha sido criticado por su laxitud. Solo se requiere una carta de no derechohabiencia y un documento que acredite al usuario, lo que ha permitido que personas ajenas a los pacientes puedan recoger los medicamentos, aumentando el riesgo de que estos terminen en manos equivocadas.
La gobernadora Rocío Nahle ha señalado que, ante la falta de medicamentos, ha instruido la compra de insumos con recursos estatales para garantizar que los pacientes reciban su tratamiento. Sin embargo, los retrasos en la entrega de medicamentos por parte de la Federación han sido constantes, lo que ha generado tensiones políticas.
Recientemente, el titular del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, se vio envuelto en controversias tras declaraciones desafortunadas sobre el abasto de insumos. Esto provocó protestas que han sido aprovechadas por grupos opositores, quienes critican la situación de desabasto.
Mientras el modelo IMSS-Bienestar se establece, persisten las dudas sobre la transparencia y el manejo de recursos dentro del sistema de salud. La falta de medicamentos y la corrupción en el sector salud son temas que requieren atención urgente para evitar que la situación empeore.
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