La revelación de una lista que incluye a 54 periodistas, medios de comunicación, políticos y líderes de opinión críticos al gobierno ha generado preocupación. Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, hizo la presentación el 13 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, durante el programa “Derecho de Réplica”. A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Alcalde, afirmando que “no hay ninguna lista” elaborada por su administración, las circunstancias sugieren que esta acción fue coordinada en los niveles más altos del gobierno.
La lista incluye nombres destacados como Joaquín López-Dóriga, Paola Rojas, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, y medios como El Universal y Reforma. Estos periodistas comparten la característica de ser independientes y críticos del régimen, sin alinearse a la línea editorial del gobierno. Además, se mencionan políticos de oposición como Alejandro Moreno, Felipe Calderón y Xochitl Gálvez, así como organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La presentación de esta lista ha sido interpretada como un intento del gobierno de controlar la narrativa y deslegitimar a sus críticos, especialmente a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027. En este contexto, la afirmación de que México goza de “la mayor libertad de expresión de su historia” se vuelve insostenible, y el gobierno parece buscar debilitar a quienes podrían cuestionar su gestión durante la campaña electoral.
Además, el señalamiento público de los críticos añade un riesgo adicional para los comunicadores en un país donde seis periodistas han sido asesinados en 2026. Joaquín López-Dóriga ha advertido que esta situación puede poner a los periodistas en la mira y proyectar una imagen del gobierno que contradice las declaraciones de la presidenta.
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