El Gobierno de México ha respondido a las acusaciones sobre la libertad de prensa durante la administración de Claudia Sheinbaum, negando que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias busquen silenciar a los periodistas. En un comunicado emitido el 20 de agosto, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, cuestionó las afirmaciones de Mary Anastasia O’Grady, columnista de The Wall Street Journal, quien advirtió sobre los riesgos para el pluralismo democrático que podrían derivarse de estas nuevas regulaciones.
“La prensa mexicana sigue siendo libre con la presidenta Sheinbaum”, afirmó Velasco, quien enfatizó que la evaluación de la censura no debe basarse únicamente en opiniones políticas, sino en hechos concretos. La controversia se centra en los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que han suscitado críticas de organizaciones y expertos que temen por la libertad de expresión.
O’Grady argumentó que las nuevas reglas podrían otorgar al gobierno un poder excesivo sobre los contenidos de radio y televisión, sugiriendo que los medios podrían autocensurarse para evitar sanciones. En respuesta, Velasco destacó que la existencia de medios críticos contradice la idea de un silenciamiento gubernamental, citando a una de las principales cadenas de televisión del país que se mantiene abierta en su crítica a la administración.
El canciller también cuestionó la validez de los académicos citados por O’Grady, asegurando que tienen plena libertad para expresar sus opiniones en México. La discusión sobre los derechos de las audiencias, que se fundamenta en el artículo 6 constitucional, ha sido reconocida por la Suprema Corte, que ha establecido que el espectro radioeléctrico es un bien público y su uso por particulares requiere concesiones.
Velasco insistió en que los lineamientos no crean un árbitro gubernamental sobre la veracidad de la información. Aclaró que las obligaciones de las empresas de radio y televisión están dirigidas a sus audiencias, y que la atención a los derechos de estas recae en defensores designados por los concesionarios.
El debate se produce en un nuevo contexto institucional, tras la sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, lo que ha generado inquietudes sobre el control de contenidos. Sin embargo, Velasco subrayó que el marco jurídico de los derechos de las audiencias fue establecido por el Congreso y respaldado por la Suprema Corte, que ha determinado que estos derechos prevalecen sobre los intereses comerciales de los concesionarios.
La situación es particularmente tensa, ya que se desarrolla en un momento de fricción entre el gobierno y la prensa crítica, donde la discusión sobre la libertad de expresión se ha entrelazado con la controversia generada por análisis oficiales sobre periodistas.
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