La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado este viernes aclarando que la reincorporación de Rubén Rocha Moya a su cargo como gobernador de Sinaloa es una decisión personal y no está relacionada con las investigaciones que se llevan a cabo en México tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En el documento, la dependencia federal destacó que la situación actual no afecta el desarrollo de las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga a 10 personas, incluido Rocha Moya, en relación con las acusaciones estadounidenses.
Gobernación enfatizó la importancia de la delimitación de competencias entre las instituciones y se abstuvo de pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de los implicados. Se subrayó que la FGR es la responsable de decidir qué información puede hacerse pública y qué acciones tomar conforme avancen las investigaciones.
Además, la dependencia recordó que, tras los señalamientos del Departamento de Justicia, la FGR mantiene abiertas las carpetas de investigación, lo que implica que no hay una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de los investigados.
El comunicado también abordó la relación entre México y Estados Unidos, señalando que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado reiteradamente las pruebas que sustentan las acusaciones. Esta solicitud no implica una negación de los señalamientos, sino una demanda para que se entreguen los elementos necesarios para que las autoridades mexicanas puedan proceder.
La FGR había indicado en abril que la documentación recibida no contenía suficientes elementos para respaldar las solicitudes estadounidenses. La cancillería mexicana ha mantenido su exigencia de pruebas y, en julio, hizo públicos documentos relacionados con estas solicitudes, reiterando que cualquier acción de las autoridades mexicanas debe basarse en pruebas concretas.
El comunicado de Gobernación se alinea con esta postura institucional, diferenciando claramente entre las acusaciones formuladas por Estados Unidos y el proceso judicial en México. Se establece que una acusación extranjera no equivale a una sentencia, y que la FGR debe llevar a cabo sus propias investigaciones para determinar si hay fundamentos para ejercer acción penal.
Este enfoque también refuerza la autonomía de la FGR frente al Poder Ejecutivo, dejando claro que la Fiscalía será la encargada de proporcionar información adicional conforme avance la investigación. En el ámbito bilateral, el comunicado mantiene la presión sobre Estados Unidos para que entregue la información solicitada, asegurando que México no rechaza la cooperación judicial, sino que busca que esta se realice a través de los canales institucionales adecuados.
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