El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, ha sido exonerado del proceso penal relacionado con el incendio que resultó en la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023. La decisión fue tomada por el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón el 13 de octubre, tras una audiencia que duró más de siete horas.
El juez determinó que Garduño cumplió con las condiciones impuestas para obtener la suspensión condicional de su proceso, lo que llevó al sobreseimiento de la causa penal 237/2023 por ejercicio ilícito del servicio público. Estas condiciones incluían indemnizaciones a las víctimas, una disculpa pública y capacitación en derechos humanos.
Sin embargo, esta resolución ha generado descontento entre sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes planean impugnar el fallo. Aseguran que el cumplimiento de las medidas no soluciona el daño humano causado por la tragedia. Durante la audiencia, se expresaron las necesidades médicas aún presentes entre los sobrevivientes y la insuficiencia de la disculpa ofrecida por Garduño.
El incendio ocurrió en una estación migratoria cerca del puente internacional Lerdo, donde las imágenes de seguridad mostraron a migrantes atrapados sin poder escapar del fuego. La Fiscalía General de la República había iniciado acciones penales contra Garduño por omisiones en sus obligaciones de seguridad y protección de los migrantes.
A pesar de las críticas, la Fiscalía no se opuso al sobreseimiento durante la audiencia. La organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) ha cuestionado la decisión, señalando que persisten problemas estructurales en las estaciones migratorias y que la acusación contra Garduño fue limitada.
Los representantes legales de las víctimas han anunciado su intención de apelar la decisión, lo que indica que las acciones legales relacionadas con el incendio aún no han concluido. Este caso ha resaltado las deficiencias en la política migratoria mexicana y la grave situación de los migrantes bajo custodia estatal.
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