La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, empresario de Monterrey, por su presunta participación en una red dedicada a operaciones con recursos de origen ilícito. Esta solicitud se presenta en el contexto de una investigación distinta a la que desde 2025 lo vincula con una supuesta organización de delincuencia organizada relacionada con el tráfico de armas y el contrabando de hidrocarburos.
La acción judicial fue promovida ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el penal del Altiplano, Estado de México. Según las indagatorias, la FGR sostiene que Rocha Cantú habría estado involucrado en una red financiera destinada a ocultar el origen de recursos presuntamente ilícitos a través de diversas operaciones patrimoniales.
Las pruebas presentadas incluyen adquisiciones de bienes inmuebles mediante cheques de caja, que forman parte de las investigaciones sobre un posible esquema de lavado de dinero. Este nuevo caso es independiente de la investigación abierta a finales de 2025, donde se le identificó como uno de los líderes de una organización dedicada al tráfico ilegal de armas y al “huachicol fiscal”, que consiste en la introducción irregular de combustibles al país.
Rocha Cantú había obtenido un criterio de oportunidad al colaborar como testigo con la Fiscalía, lo que le permitió recibir beneficios procesales. Sin embargo, su situación cambió cuando dejó de asistir a las comparecencias programadas, incumpliendo las condiciones del acuerdo. La FGR afirma que fue citado para ampliar su declaración, pero no se presentó, lo que llevó a la reactivación de las acciones penales en su contra.
A pesar de haber promovido recursos legales y obtenido suspensiones provisionales, las investigaciones continúan. Raúl Rocha Cantú ganó notoriedad internacional en 2024 al convertirse en accionista mayoritario y presidente de Miss Universo, donde impulsó una estrategia para fortalecer la presencia global del certamen. Antes de esto, había desarrollado un conglomerado empresarial en sectores como energía y tecnología.
Las indagatorias de la FGR son parte de una estrategia más amplia para combatir las estructuras financieras utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de combustibles, una actividad ilícita que ha causado pérdidas multimillonarias al Estado mexicano. Hasta el momento, no se ha informado si el juez ha resuelto la solicitud de la nueva orden de aprehensión.
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