La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que no tiene suficientes elementos para iniciar una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el senador Adán Augusto López Hernández, en relación con un caso de huachicol fiscal. Esta declaración se emitió el 27 de octubre, tras las menciones de ambos políticos por parte del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien está detenido por su supuesta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.
La FGR argumentó que los señalamientos realizados no constituyen pruebas jurídicas suficientes para abrir una indagatoria. La dependencia calificó las declaraciones como testimonios de oídas, ya que se basan en información atribuida a terceros y no ofrecen elementos sólidos que puedan demostrar una posible participación delictiva de los mencionados.
La Fiscalía instó a Farías Laguna a presentar formalmente las pruebas que respalden sus afirmaciones ante las autoridades judiciales. Además, aclaró que cualquier argumento que el imputado desee presentar para su defensa debe hacerse de acuerdo con el debido proceso y no a través de declaraciones en medios de comunicación.
Durante la entrevista, el exmando naval negó su implicación en la red criminal y, al ser cuestionado sobre López Beltrán y López Hernández, confirmó su supuesta relación, aunque se refirió a declaraciones que, según él, están en expedientes ministeriales, las cuales no constituyen una prueba de responsabilidad penal.
La FGR también dejó claro que la decisión de no iniciar una investigación en este momento no implica el cierre del caso de contrabando de combustible. Las indagatorias continúan en relación con Rubén Alfonso Vargas Suárez y Luis Jorge Goicoechea Sotomayor, exfuncionarios de la administración aduanera y portuaria de Tampico.
Este expediente está vinculado al buque Challenge Procyon, asegurado en marzo de 2025 en el puerto de Tampico, donde se encontraron cerca de 10 millones de litros de hidrocarburos que habrían ingresado al país de manera irregular. Hasta ahora, 17 personas han sido detenidas y están en proceso penal por su supuesta participación en esta red. Las investigaciones buscan esclarecer cómo se organizó la entrada del combustible y qué funcionarios facilitaron estas operaciones.
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