El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en su lista de sancionados por supuestos lazos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Mayos, liderada por Ismael Zambada Sicairos, apodado “El Mayito Flaco”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció esta medida el martes, sancionando a un total de 21 personas y 25 empresas. La red vinculada a Torres opera principalmente en Sinaloa, Durango y Baja California. Según el Tesoro, Torres habría utilizado su influencia política para proteger las actividades de la organización criminal y facilitar su operación ante las autoridades locales.
El exesposo de la gobernadora se encuentra en una posición significativa dentro de la estructura criminal que Washington atribuye a Zambada Sicairos. La OFAC señala que mantenía una relación con Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, quien es considerado uno de los principales operativos de Los Mayos en Baja California. Ponce Félix ya había sido sancionado en septiembre de 2025 por su papel en el tráfico de drogas en la región.
La acusación también implica que Torres recibió pagos de Pedro Ariel Mendívil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, para permitir las operaciones de Los Rusos en Baja California. Esta denuncia no es nueva; desde 2025, se había reportado que Torres habría recibido aproximadamente 150 mil dólares mensuales de Mendívil.
Torres ha negado las acusaciones, argumentando que se basan en denuncias anónimas y carecen de fundamento. En enero de 2026, tras la revelación de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), insistió en que no había pruebas concretas en su contra.
La situación de Torres también incluye antecedentes migratorios, ya que en mayo de 2025, su visa fue cancelada, al igual que la de Marina del Pilar. Aunque la gobernadora aclaró que esto no implicaba una acusación penal, la pareja se separó meses después y formalizó su divorcio.
La designación del Tesoro estadounidense conlleva consecuencias financieras, bloqueando bienes y participaciones de los sancionados en Estados Unidos y prohibiendo a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia para desmantelar la estructura de Los Mayos, que Washington considera responsable de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.
La investigación también se da en el contexto de una indagatoria abierta por la FGR contra Torres por delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico, confirmada públicamente por la gobernadora en enero.
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