Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, dejó el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, el 26 de septiembre de 2026. Su salida se produjo tras la decisión de una jueza federal que modificó la medida cautelar que lo mantenía en prisión.
Ruffo fue trasladado bajo la custodia de la Guardia Nacional y continuará su proceso penal desde su hogar en Ensenada, Baja California. La jueza de control, Alejandra Ramírez de la Vega, autorizó esta modificación durante una audiencia de revisión de medidas cautelares. Sin embargo, esto no implica que las acusaciones en su contra hayan sido retiradas.
El exmandatario enfrenta cargos por contrabando de hidrocarburos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La decisión de permitirle cumplir su proceso en casa se basó en la presentación de documentación médica por parte de su defensa, que destacó su edad de 74 años y condiciones de salud que requieren atención. La Fiscalía General de la República (FGR) y representantes de Hacienda y Pemex no se opusieron a esta medida.
Entre las condiciones impuestas, Ruffo deberá permanecer en su domicilio, entregar su pasaporte y visa, comunicarse diariamente con las autoridades mediante videollamada y no podrá salir del país. La vigilancia de su residencia estará a cargo de la Guardia Nacional.
En lugar de un brazalete electrónico, se estableció un esquema de supervisión diferente, considerando la posibilidad de que el exgobernador necesite atención médica de emergencia.
Ruffo fue ingresado al penal del Altiplano en julio tras ser detenido por las autoridades. Su caso está vinculado a una investigación de la FGR sobre una supuesta red dedicada al contrabando de combustible, en la que se menciona a la empresa Ingemar, relacionada con el exgobernador.
La defensa de Ruffo ha rechazado las acusaciones, argumentando que su vinculación con la empresa no implica responsabilidad penal. Durante su mandato como gobernador de Baja California de 1989 a 1995, Ruffo fue el primer mandatario estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el país. Su situación jurídica actual es independiente de su carrera política.
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