El 26 de septiembre de 2026, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos volvieron a tomar las calles de Ciudad de México, exigiendo avances en la investigación que aún no aclara el destino de los jóvenes. La movilización principal comenzó en el Ángel de la Independencia y se dirigió al Zócalo, donde se escucharon consignas como “26 de septiembre no se olvida” y “Ayotzi vive, la lucha sigue”.
Estudiantes de Ayotzinapa, miembros de otras normales rurales y diversas organizaciones sociales se unieron a la protesta, que forma parte de una serie de actividades que se han llevado a cabo en Guerrero y la capital del país. Las consignas reiteraron la responsabilidad del Estado y cuestionaron la actuación del Ejército, con frases como “Fue el Ejército, fue el Estado, que son lo mismo”.
Desde el 19 de septiembre, estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México comenzaron movilizaciones en Guerrero, incluyendo un mitin en la caseta de Palo Blanco, donde exigieron información de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dos días después, normalistas bloquearon parcialmente la Autopista del Sol en Chilpancingo, recordando los hechos de Iguala y mencionando la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
El 24 de septiembre, los familiares se presentaron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para cuestionar a su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, sobre una recomendación reciente que consideran minimiza la participación militar. Ellos demandan la entrega de más de 800 documentos militares que podrían contener información clave sobre la desaparición de los estudiantes.
El 25 de septiembre, un grupo de padres y madres se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, para discutir la situación de los documentos militares y otros procesos judiciales relacionados con Ayotzinapa. El ministro se comprometió a dar seguimiento a los casos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció, instando a profundizar en la posible implicación de militares y policías en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. A 12 años de la desaparición, las preguntas sobre lo que sucedió con los estudiantes, la cadena de mando y la actuación de las fuerzas de seguridad siguen sin respuesta.
La investigación ha descartado la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Nuevas evidencias y peritajes han puesto en duda esta versión, y aunque se han identificado fragmentos humanos de algunos de los estudiantes, el paradero de los 43 sigue sin esclarecerse.
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