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El debate sobre el derecho de las audiencias

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El debate sobre el derecho de las audiencias

El actual gobierno ha optado por enfrentar las críticas al proyecto de derecho de las audiencias con una postura cerrada, en lugar de promover la apertura y el diálogo. Esta estrategia parece buscar reducir los espacios de crítica y escrutinio al poder. La experiencia sugiere que la inclusión y la deliberación respetuosa podrían facilitar un intercambio constructivo y generar puntos de encuentro, aunque no eliminen las diferencias.

La iniciativa de legislar en nombre de la defensa de las audiencias se desarrolla en un entorno marcado por agresiones a la libertad de expresión desde el sexenio anterior. Por ello, la resistencia y desconfianza son reacciones inevitables. Tanto particulares como empresas y periodistas no pueden arriesgar sus libertades en manos de una autoridad que ha demostrado intolerancia y un deseo de control.

Las recientes declaraciones desde el gobierno han resultado ser contraproducentes y, en ocasiones, contradictorias con los derechos de las audiencias. Esto se debe a imprecisiones y descalificaciones hacia periodistas, así como afirmaciones fuera de contexto. Estas no son respuestas propias de un debate democrático, sino que generan desconfianza y refuerzan la idea de que el proyecto busca limitar la crítica al régimen. Los derechos de las audiencias parecen ser utilizados como un simple pretexto.

La intervención del gobierno con facultades sancionadoras para mediar en conflictos entre particulares y medios de comunicación es inaceptable. Los medios no buscan confrontarse con la autoridad, pero tampoco pueden aceptar que se interprete cualquier discrepancia como una hostilidad.

Por su parte, los medios deben aprovechar esta situación para fortalecer sus mecanismos de autorregulación, independientemente del futuro del proyecto. Existen modelos exitosos que protegen a las audiencias y garantizan el ejercicio libre del periodismo. La propuesta oficial, sin embargo, se aleja de estos precedentes, sin preservar lo fundamental: una sociedad informada, plural y crítica, bajo la protección total de la libertad de expresión.

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