La Fiscalía de Bolivia ha emitido una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien enfrenta una investigación por seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado. Esta decisión representa un nuevo capítulo en la larga disputa política y judicial entre Morales y el actual gobierno boliviano.
El fiscal Brayan Melgar señala que Morales habría jugado un papel clave en la organización de bloqueos carreteros que afectaron gravemente el suministro de alimentos, combustibles y servicios esenciales en el país entre mayo y junio de este año. Las movilizaciones, impulsadas por sindicatos y organizaciones campesinas afines al exmandatario, buscaban forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz, resultando en una crisis de desabasto y pérdidas económicas significativas.
Las protestas, que duraron siete semanas, llevaron al cierre de importantes vías en departamentos como Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz. Según las autoridades, al menos 16 personas fallecieron durante este periodo, principalmente por la falta de atención médica debido a los bloqueos. Estos hechos son parte de la acusación de terrorismo y otros delitos presentada contra Morales.
La denuncia inicial provino de representantes cívicos de Santa Cruz, respaldada posteriormente por el Ministerio de Gobierno, que acusó a Morales de intentar desestabilizar al Ejecutivo a través de protestas prolongadas. Tras conocer la orden de detención, el exmandatario rechazó las acusaciones, afirmando que se trata de una persecución política.
Morales, quien ha estado en la región del Chapare desde 2024, enfrenta también un proceso por presunta trata de personas agravada, relacionado con una relación que mantuvo con una adolescente durante su presidencia. La defensa del exjefe de Estado argumenta que las notificaciones judiciales han sido irregulares y denuncian una persecución política.
Este nuevo desarrollo ocurre en un contexto de polarización política en Bolivia, donde la economía atraviesa dificultades, incluyendo escasez de dólares y aumento de la inflación. Las movilizaciones de Morales son vistas por el gobierno como un intento de presión política, mientras que sus seguidores las consideran una respuesta a la crisis económica.
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