Las autoridades federales y estatales aseguraron 59 millones de litros de combustibles en una terminal de SIMSA, ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, el 17 de septiembre de 2026. Este decomiso ha generado dos interpretaciones: por un lado, el gobierno demuestra su firmeza en la lucha contra el huachicol, y por otro, pone de manifiesto una falta de claridad en la trazabilidad de los hidrocarburos, lo que podría afectar la inversión en proyectos energéticos en México.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las empresas involucradas no han podido demostrar de manera fehaciente el origen y manejo del combustible. Por su complejidad, el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). SIMSA, a través de Gas Natural del Noroeste, defendió que opera con permisos desde 2016 y que solo ofrece servicios de almacenamiento. Aseguró que el combustible pertenece a clientes como Orsan, Exxon y Pemex, lo que implica que cualquier irregularidad corresponde a los titulares del producto.
La FGR busca reconstruir la cadena de custodia económica del combustible, lo que incluye revisar contratos, facturas y registros aduanales. La falta de claridad en la trazabilidad puede generar tres riesgos: contrabando de combustibles, defraudación fiscal y mezcla de productos legales e ilegales.
Para los inversionistas, esta situación se traduce en un aumento en los costos y riesgos. La investigación de la FEMDO sugiere una posible delincuencia organizada, lo que incrementa la percepción de riesgo legal y operativo. Si una terminal formal no puede demostrar la procedencia de grandes volúmenes de combustible, los inversionistas podrían considerar que los controles de cumplimiento son débiles, lo que podría resultar en interrupciones operativas.
La incertidumbre sobre la legalidad de los inventarios puede llevar a primas de riesgo más altas y mayores exigencias de garantías. Aunque el decomiso puede interpretarse como un avance en la fiscalización, también genera dudas sobre la solidez de los controles de trazabilidad.
Los fondos y corporativos podrían ser más cautelosos en nuevas inversiones en el sector energético hasta que se clarifiquen las responsabilidades y estándares de trazabilidad. La FGR y FEMDO tendrán que presentar evidencia que permita individualizar responsabilidades para restaurar la confianza en el sector.
Información vía fuente original
