Las comunidades indígenas de Guerrero enfrentan un aumento alarmante de la violencia, exacerbada por la falta de atención gubernamental y la ausencia de servicios básicos. En esta región, vestigios de la cultura Olmeca y pueblos amurallados que resistieron la colonización son testigos de una historia de lucha y resistencia. A pesar de siglos de opresión, estos pueblos han mantenido su autonomía, desafiando un sistema que ignora su derecho a la justicia y seguridad comunitaria.
Durante más de 50 años, las comunidades han soportado la brutalidad del ejército, que ha incursionado en sus territorios para perseguir a guerrilleros y activistas. Las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias han sembrado el terror, desmantelando el tejido social y fortaleciendo estructuras de poder que protegen a los culpables. En Guerrero, el control político está en manos de líderes corruptos que establecen alianzas con grupos delictivos, priorizando sus intereses sobre los de la población.
El poder real en estas comunidades es ejercido por organizaciones criminales que manipulan las candidaturas políticas a su favor. Los candidatos deben demostrar lealtad y recursos económicos para acceder a cargos públicos, lo que perpetúa un ciclo de corrupción y violencia. Las comunidades indígenas sufren recortes en recursos destinados a infraestructura social, obligándolas a negociar bajo la presión de la delincuencia, lo que las sumerge en la pobreza.
A pesar de la existencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), este sistema ha sido criminalizado, enfrentando hostigamiento por parte de las autoridades. La violencia ha arraigado en el tejido social, dejando a las comunidades en una encrucijada: resistir o pactar con la delincuencia.
Entre el 6 y el 11 de mayo, la violencia estalló en las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, resultando en 12 muertos y más de 800 desplazados. Desde 2015, se han documentado 84 asesinatos y 25 desaparecidos en la región. Jesús Plácido Galindo, del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ha denunciado la colusión de autoridades con el crimen organizado, evidenciando la gravedad de la situación.
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