El Gobierno de México ha iniciado una consulta pública a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para establecer nuevos lineamientos generales sobre la Protección de los Derechos de las Audiencias. Aunque el nombre sugiere una intención positiva, expertos advierten que estas disposiciones podrían afectar la libertad de prensa y la independencia editorial de los medios.
Este enfoque recuerda a la Ley Resorte de Venezuela, implementada durante el gobierno de Hugo Chávez, que buscaba regular los medios bajo el pretexto de proteger a la sociedad de la desinformación. Aprobada en 2004, esta ley permitió al Estado aumentar su control sobre la información, lo que llevó a la autocensura entre los medios.
En México, el argumento del gobierno es similar: asegurar que las audiencias reciban información clara y que se respete la separación entre información, opinión y publicidad. Sin embargo, el temor radica en que el propio gobierno actúe como árbitro de lo que se puede comunicar, lo que podría poner en riesgo la libertad de expresión.
Inicialmente, se indicó que estos lineamientos serían aplicables solo a radio y televisión, pero existe la preocupación de que se extiendan a otros medios, incluyendo digitales y redes sociales. Esto se suma a la inquietud de que los medios que informan sobre la realidad del país puedan enfrentar sanciones o recurrir a la autocensura por miedo a represalias.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha expresado su alarma, señalando que las nuevas disposiciones podrían vulnerar la libertad editorial y crear incertidumbre jurídica. Por su parte, la organización Artículo 19 ha enfatizado que cualquier regulación debe adherirse a los estándares internacionales de libertad de expresión y evitar términos ambiguos que puedan facilitar la censura.
Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de consulta pública, donde se espera que ciudadanos, especialistas y organizaciones presenten sus observaciones antes de que la CRT emita la versión final. Sin embargo, las experiencias pasadas con consultas gubernamentales han generado desconfianza, ya que los resultados suelen favorecer a quienes están en el poder.
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