La defensoría de la audiencia es esencial en los medios de comunicación, ya que permite recibir quejas del público y asegurar que los contenidos no vulneren el derecho a la información. Esta figura también promueve la reflexión sobre el papel social de los medios y establece un canal de comunicación con la audiencia. Se ha destacado la necesidad de abordar contenidos sexistas que afectan la representación de mujeres y niñas, especialmente en publicidad y noticias sobre violencia de género.
El 28 de julio, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, anunció el inicio de una consulta pública para establecer lineamientos que regulen los contenidos de radio y televisión. Este cargo fue creado en 1996 por el ex presidente Ernesto Zedillo y ha sido ocupado por tres mujeres en el actual sexenio: Ernestina Godoy Ramos, Esthela Damián Peralta y Luisa María Alcalde.
La propuesta busca diferenciar entre noticias, opiniones y publicidad, designar un defensor de las audiencias, garantizar el derecho de réplica ante información falsa y adoptar un código de ética que incluya sanciones para los medios que incumplan. Según la presidenta, el objetivo es que los medios ofrezcan información veraz.
Desde la Ley Federal de Telecomunicaciones de hace 12 años y su actualización en 2025, se han manifestado preocupaciones sobre las intenciones del gobierno. La reforma que reemplazó al Instituto Federal de Telecomunicaciones por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal.
Este anuncio se produce en un contexto de riesgo para la prensa, donde se ha observado una campaña de desprestigio hacia los medios críticos. Desde el inicio de la Cuarta Transformación, se ha estigmatizado a los medios a través de la sección “¿Quién es quién en las mentiras?” en las conferencias matutinas, donde se desacredita a periodistas críticos.
En 2025, se registraron 338 agresiones contra mujeres periodistas, siendo los funcionarios públicos los principales agresores. La administración actual ha buscado establecer un canal directo con la población, minimizando la necesidad de los medios y utilizando su plataforma para calificar la veracidad de la información.
Para proteger el derecho a la información, el gobierno debe garantizar la libertad de expresión y la representación digna de las mujeres. Aunque la regulación ética de los medios es necesaria, esta no debe ser impuesta por el gobierno ni depender de su interpretación de la verdad.
Un punto crítico es el derecho de réplica, ya protegido por la constitución, que ha sido ignorado en esta propuesta. Además, la consulta pública sobre los lineamientos de regulación de contenidos no se ha extendido a la prensa escrita ni a plataformas digitales.
Se cuestiona a quién beneficiarán estos lineamientos, dado que los medios tienen intereses económicos y políticos. Este anuncio también coincide con la concesión a Lewani de Televisa para experimentar con tecnología de radiodifusión 5G en Ecatepec, y con la posible adquisición de AT&T por parte de Grupo Televisa, lo que podría afectar el control de las narrativas mediáticas.
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