El Congreso de Sinaloa aprobó el 23 de agosto una nueva licencia temporal solicitada por Rubén Rocha Moya, quien había regresado a la gubernatura un día antes tras 112 días de ausencia. La decisión fue unánime durante una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente, lo que permite a Rocha Moya separarse nuevamente del cargo mientras se designa a un gobernador interino.
La licencia es indefinida y supera los 30 días, y el asunto fue enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, encargada de proponer a quien asumirá el Ejecutivo estatal. Este episodio marca un nuevo capítulo en la crisis política que afecta al gobernador sinaloense, quien había anunciado su retorno el 21 de agosto, pero su regreso generó reacciones adversas dentro de su partido, Morena, y otros sectores políticos.
La solicitud de licencia fue presentada el 22 de agosto, solo 34 horas después de su reincorporación, tras la desaprobación de su decisión por parte de la dirigencia de Morena y otros miembros de la Cuarta Transformación. En su carta al Congreso, Rocha Moya pidió una “licencia temporal” indefinida, lo que llevó a la convocatoria de la sesión extraordinaria.
Su regreso a la gubernatura había sido anunciado como un retorno a sus funciones, pero no fue bien recibido por la dirigencia nacional de su partido, que dejó claro que no fue una decisión consultada. La presidenta Claudia Sheinbaum, sin mencionar a Rocha Moya, publicó un mensaje en el que enfatizó que los intereses personales no deben prevalecer sobre los del pueblo.
La nueva licencia se da en un contexto de acusaciones de autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. A pesar de las acusaciones, Rocha Moya ha defendido su inocencia, argumentando que son motivadas políticamente.
La situación ha generado inquietud entre sectores empresariales como Coparmex Sinaloa, que exigieron que el futuro gobernador interino tenga la capacidad de gobernar. La oposición también ha planteado la posibilidad de promover la desaparición de poderes en Sinaloa, argumentando que la situación política requiere una respuesta institucional.
Con la aprobación de esta nueva licencia, el Congreso deberá avanzar en la designación de un gobernador interino, convocando a un periodo extraordinario el 24 de agosto para discutir este relevo.
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