Recientemente, dos eventos significativos han resaltado la preocupación por la libertad de expresión en México. El primero, el 28 de julio, fue el anuncio por parte de la presidenta de los Lineamientos Generales de Protección de los Derechos de las Audiencias durante la conferencia matutina. Aunque este derecho ya está consagrado en la Constitución, la propuesta establece nuevas obligaciones que podrían dar al gobierno un control excesivo sobre los medios de comunicación.
Entre las exigencias para las radiodifusoras se incluyen la obligación de garantizar información veraz y plural, así como la diferenciación entre contenido y publicidad. Además, se busca que los medios reflejen la diversidad ideológica y cultural del país y que las audiencias tengan derecho a réplica ante información falsa. Sin embargo, la implementación de estas normas dejaría en manos del gobierno la decisión sobre el cumplimiento y las sanciones, lo que ha suscitado un amplio rechazo, a excepción de los sectores oficialistas.
La presidenta desafió a los periodistas a señalar casos de censura, argumentando que nunca ha habido más libertad de expresión. Por su parte, el partido Morena defendió los lineamientos, acusando a ciertos actores políticos y mediáticos de difundir desinformación.
Un día después, el 29 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PRI y a su líder, Alejandro “Alito” Moreno, retirar publicaciones que calificaban a Morena y su gobierno como ‘narcogobierno’ y similares. El INE justificó su decisión al considerar que tales afirmaciones podían constituir imputaciones falsas. Moreno, en desacuerdo, anunció su intención de impugnar la resolución, mientras que la presidenta aplaudió la acción del INE.
Estos sucesos reflejan una creciente tendencia a la censura en México, que a menudo conduce a la autocensura entre los periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa ha señalado un deterioro en las condiciones para ejercer el periodismo en el país, ubicándolo en el lugar 18 de 23 en América Latina y el Caribe, con un puntaje de 35 sobre 100, indicando una alta restricción a la libertad de prensa.
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