El Gobierno de la Ciudad de México ha implementado una estrategia para abordar los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en internet y el uso de dispositivos electrónicos. Esta iniciativa, denominada Pacto Digital CDMX, está liderada por Clara Brugada y busca establecer una política pública centrada en el entorno digital de los menores.
Uno de los objetivos principales es la creación de una Carta de Derechos Digitales de la Infancia, que definirá garantías sobre privacidad, seguridad, libertad, bienestar y participación en espacios virtuales. Clara Brugada Molina anunció que el 17 de septiembre se iniciarán encuentros en escuelas para recopilar las experiencias de los menores sobre el uso de plataformas digitales y los problemas que enfrentan.
El Gobierno local pretende que los menores participen activamente en la elaboración de políticas públicas. Los diálogos en las escuelas serán el primer paso de una estrategia que incluirá campañas informativas, acciones educativas y propuestas regulatorias.
La discusión también abarca el uso de teléfonos celulares en las escuelas, buscando mecanismos para minimizar distracciones sin ignorar que estos dispositivos son parte de la vida cotidiana de los estudiantes. Se están considerando alternativas como el resguardo temporal de teléfonos durante las clases, así como acciones de orientación sobre los riesgos del uso prolongado de dispositivos.
Un componente clave de la estrategia es la formación tecnológica, que permitirá a los menores comprender mejor las herramientas digitales, identificar contenidos falsos y reconocer situaciones de riesgo en redes sociales. La alfabetización digital busca equipar a los jóvenes con habilidades para discernir información confiable de aquella que puede distorsionar su percepción de la realidad.
Además, se abordará el bienestar de los menores, discutiendo problemas como alteraciones del sueño, aislamiento y acoso que pueden surgir del uso excesivo de pantallas. El Pacto Digital CDMX también contempla la participación de padres, profesores y especialistas en la creación de nuevas medidas, asegurando que la responsabilidad no recaiga únicamente en las escuelas.
Las conclusiones de los diálogos con los estudiantes servirán para definir los próximos pasos de la estrategia, que incluirán propuestas de regulación y, potencialmente, una iniciativa de ley para el Congreso local. Brugada ha enfatizado que la discusión debe considerar tanto los beneficios como los riesgos de la tecnología, buscando no solo limitar el acceso de los menores a dispositivos, sino también establecer condiciones que les permitan utilizarlos de manera segura.
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