Una bodega arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna en la Ciudad de México fue cateada por la Fiscalía General de la República (FGR), revelando nuevos elementos en la investigación de una presunta red de contrabando de hidrocarburos. La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, anunció que en la diligencia se encontraron objetos de lujo, documentos relacionados con aduanas marítimas, expedientes de personal naval, así como información clasificada de seguridad nacional y armas sin registro.
La FGR investiga un esquema conocido como huachicol fiscal, que permite la entrada de hidrocarburos al país con declaraciones que modifican su tratamiento fiscal, evitando así el pago de impuestos. La pesquisa se inició en 2024, tras recibir información del entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, sobre posibles actividades ilícitas dentro de la institución naval.
Uno de los hallazgos más significativos fue el aseguramiento de un buque en Altamira, Tamaulipas, que transportaba millones de litros de hidrocarburo, lo que llevó a la Fiscalía a reconstruir una red que abarca desde la importación hasta la distribución de combustible. Godoy identificó a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna como figuras clave en esta estructura, conocidos como “Los Primos”, quienes supuestamente tenían influencia en procesos relacionados con aduanas y operaciones de hidrocarburos.
La fiscal destacó que Manuel Roberto Farías habría intervenido en nombramientos dentro de áreas estratégicas, incluyendo la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina. La documentación hallada en la bodega es crucial para la investigación, ya que incluye listas de aduanas y expedientes de altos mandos navales.
Además de los documentos, se encontraron armas sin registro y artículos de lujo. La FGR investiga si estos objetos están vinculados a las actividades delictivas atribuídas a la red de contrabando.
La investigación sugiere que el hidrocarburo era trasladado desde Texas a México, registrándose bajo conceptos que permitían un tratamiento fiscal diferente. Se presume que algunos servidores públicos y agentes aduanales recibían sobornos para facilitar el ingreso de cargamentos, utilizando inspecciones superficiales y manipulando registros.
Las operaciones de esta red se han localizado en varios estados, incluyendo Tamaulipas y Baja California. La FGR continúa sus indagatorias para identificar a más involucrados en este esquema de contrabando.
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