El Ayuntamiento de Veracruz, bajo la dirección de la ex periodista Rosa María Hernández, ha implementado una controvertida medida que exige a los medios de comunicación el pago de una fianza de siete mil pesos para poder tramitar el cobro de facturas por publicidad oficial. Esta práctica, que limita el acceso a la publicidad institucional, ha sido criticada por su falta de lógica y por tratar a los medios como si fueran contratistas de alto riesgo.
Este mecanismo no es nuevo; proviene de administraciones panistas previas, diseñado para crear barreras burocráticas que excluyen a muchos medios. La actual administración tiene la responsabilidad de corregir estos abusos, en lugar de perpetuarlos. Gobernar implica revisar y mejorar las prácticas heredadas, no simplemente mantenerlas.
Es sorprendente que una presidenta municipal de MORENA, con experiencia en el periodismo, mantenga esta política. Ella sabe que muchos medios locales enfrentan dificultades económicas y que exigir una garantía económica es una desconexión con la realidad. Además, algunos periodistas han denunciado que, además de la fianza, deben dejar retenido el importe de la primera factura como garantía adicional, lo que representa un doble obstáculo para cobrar por sus servicios.
La cuestión que surge es: ¿qué pretende proteger el Ayuntamiento con esta medida? Si hay un contrato y una factura legalmente emitida, el marco jurídico debería ser suficiente. Esta exigencia parece más un intento de intimidación que un control financiero legítimo.
A pesar de los discursos oficiales sobre transparencia y cercanía con la ciudadanía, persisten procedimientos que castigan a quienes cumplen una función esencial en la democracia: informar. La publicidad oficial no debería ser un premio para los complacientes ni un castigo para los críticos. La situación del periodismo es crítica, con ingresos en descenso y un entorno cada vez más hostil para los comunicadores.
La presidenta municipal tiene la oportunidad de rectificar esta medida y enviar un mensaje claro de respeto a la libertad de información. Mantener esta política sería aceptar que el problema no es la herencia recibida, sino la decisión de conservarla. Cuando un gobierno exige una fianza para pagar una factura, está gestionando la desconfianza y convierte la libertad de informar en un privilegio condicionado por el poder.
“En el ayuntamiento de Veracruz ya descubrieron la nueva definición de libertad de prensa: puedes informar lo que quieras… siempre y cuando primero dejes una fianza.”
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