El Ayuntamiento de Veracruz, dirigido por la ex periodista Rosa María Hernández, es el único en el estado que solicita una fianza de siete mil pesos para que los medios de comunicación puedan tramitar el cobro de publicidad oficial. Esta medida transforma la relación entre el gobierno y los medios, tratándolos como contratistas de alto riesgo en lugar de aliados en el ejercicio del derecho a la información.
Esta práctica no es nueva, ya que se originó en administraciones panistas anteriores, con el objetivo de establecer barreras burocráticas que limitan el acceso a la publicidad institucional. Esto permite una exclusión sutil de medios, favoreciendo a unos pocos mientras se margina a otros.
La actual presidenta municipal, perteneciente a MORENA, debería tener la responsabilidad de corregir estos abusos en lugar de perpetuarlos. Conoce bien las dificultades que enfrentan los medios locales, que luchan día a día por sobrevivir en un entorno de costos crecientes y un mercado publicitario reducido.
La exigencia de una garantía económica a medios que ya enfrentan múltiples retos no es una decisión administrativa responsable. Periodistas de la región han señalado que, además de la fianza, se les retiene el importe de la primera factura como otra garantía adicional, lo que refleja una falta de confianza institucional.
La pregunta surge: ¿qué intenta proteger el Ayuntamiento con esta medida? Si hay un contrato y una factura legal, la garantía debería ser el marco jurídico existente. Esta política parece más un instrumento de intimidación que un control financiero legítimo.
A pesar de los discursos oficiales sobre cercanía y transparencia, se mantienen procedimientos que castigan a quienes realizan una función esencial en democracia: informar. La publicidad oficial no debería ser un premio para los complacientes ni un castigo para los críticos, ni mucho menos un laberinto burocrático que desaliente a medios independientes.
El periodismo enfrenta retos significativos, como la reducción de ingresos y la violencia contra comunicadores, lo que coloca a muchas empresas informativas al borde de la desaparición. Imponer cargas económicas injustificadas desde una autoridad municipal es insensible y contradictorio con cualquier discurso de fortalecimiento democrático.
La presidenta municipal tiene la oportunidad de corregir esta situación. Revisar y eliminar este requisito enviaría un mensaje claro de respeto a la libertad de información y al ejercicio periodístico. Persistir en esta política significaría aceptar que el problema no es la herencia recibida, sino la voluntad de mantenerla.
“En el ayuntamiento de Veracruz ya descubrieron la nueva definición de libertad de prensa: puedes informar lo que quieras… siempre y cuando primero dejes una fianza.”
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