Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, ha sido vinculado a proceso por su posible implicación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en 2014. Esta decisión fue tomada por un juez federal tras una audiencia que duró casi 14 horas, en la que se presentaron elementos suficientes por parte de la Fiscalía General de la República.
Aguirre permanecerá en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, mientras se lleva a cabo el proceso. El juez estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, durante el cual la Fiscalía podrá añadir más pruebas y fortalecer su caso.
La investigación se centra en el posible ocultamiento y destrucción de evidencia crucial, especialmente las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Según la Fiscalía, Aguirre habría recibido información sobre estas grabaciones y ordenado su eliminación, lo que podría haber obstaculizado la reconstrucción de los eventos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Las cámaras del Palacio de Justicia podrían haber registrado movimientos de los normalistas después de que fueron interceptados. La pérdida de estas imágenes ha sido uno de los aspectos más polémicos del caso. La nueva línea de investigación se fortaleció tras la detención de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, en mayo de 2025, por delitos relacionados con la desaparición forzada y la administración de justicia.
Aguirre ha sostenido que no tuvo responsabilidad en la desaparición de los jóvenes ni en la creación de la llamada “verdad histórica”. En 2022, negó haber participado en reuniones para respaldar esa versión y afirmó no conocer la existencia de los videos del Palacio de Justicia. Su defensa argumentó que en el momento de los hechos, Aguirre no se encontraba en Guerrero, sino en Ciudad de México.
El juez, sin embargo, consideró que las pruebas de la defensa no eran suficientes para desestimar los argumentos del Ministerio Público. Aunque la vinculación a proceso no implica una sentencia, sí permite que el caso avance formalmente ante un tribunal. Aguirre mantiene su derecho a la presunción de inocencia, y el proceso se desarrollará mientras él enfrenta el juicio en prisión.
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