El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue sujeto a prisión preventiva oficiosa tras comparecer ante un juez federal por su presunta implicación en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014. La medida cautelar fue dictada el 7 de agosto, después de la audiencia en el juzgado federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) le imputa los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia. La defensa de Aguirre solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para decidir su vinculación a proceso se reprogramó para el 11 o 12 de agosto. Es importante señalar que la prisión preventiva no implica una condena.
Aguirre fue detenido el 6 de agosto por elementos federales y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano. La orden de aprehensión fue emitida por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. La acusación se centra en la posible sustracción y destrucción de material videográfico que podría contener información relevante sobre la desaparición de los normalistas.
Las investigaciones se han enfocado en grabaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, que podrían haber registrado el paso de los autobuses en los que viajaban los estudiantes. La FGR sostiene que la falta de estas imágenes ha obstaculizado la reconstrucción de los hechos.
La detención de Aguirre marca un cambio significativo, ya que, aunque había sido señalado políticamente por su papel como gobernador durante los hechos, no había enfrentado un proceso penal. Su administración fue criticada tras la desaparición de los estudiantes, lo que lo llevó a solicitar licencia en octubre de 2014.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la detención no es de carácter político, sino parte de una investigación exhaustiva de la FGR. Explicó que se están revisando evidencias previas con nuevas herramientas, como registros telefónicos de esa noche y días posteriores, para establecer conexiones entre las llamadas y las personas involucradas.
Además, en los últimos dos años, las autoridades han reactivado investigaciones sobre la posible pérdida o destrucción de evidencia, incluyendo el caso de dos exfuncionarias de Guerrero vinculadas a proceso por la desaparición de material videográfico de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. La FGR sostiene que testimonios recientes han llevado a investigar la responsabilidad del exgobernador en este caso.
El proceso judicial determinará si las pruebas son suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Aguirre, quien se encuentra en prisión preventiva mientras avanza el caso.
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