En la Ciudad de México, 3.7 millones de personas, lo que representa el 57% de la población en edad y condiciones de trabajar, no cuentan con acceso a un empleo digno. Este alarmante dato se desprende de los últimos informes oficiales, que indican que de este total, 1.2 millones están excluidos del mercado laboral, mientras que 2.5 millones laboran en condiciones precarias.
Dentro de la exclusión laboral, 550 mil personas están desempleadas, lo que equivale a una tasa de desempleo del 11%. Además, 651 mil individuos no pueden acceder a un empleo debido a que se dedican a labores de cuidado en el hogar sin remuneración, siendo 602 mil (92%) de ellas mujeres. Esto representa el 10% de la población en edad de trabajar que se encuentra excluida por estas responsabilidades.
En cuanto a la precariedad laboral, 2.5 millones de personas, el 52% de los trabajadores, carecen de seguro social. Asimismo, 3.1 millones de personas no cuentan con ingresos suficientes para adquirir al menos dos canastas básicas, lo que representa el 68% de la población ocupada. De este grupo, 2 millones reportan ingresos nulos, lo que podría reflejar inconsistencias en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
La falta de organización sindical también es un problema significativo, ya que 2.8 millones de trabajadores (86%) no tienen representación para la negociación colectiva. Además, 1.2 millones de personas (36%) carecen de un contrato estable, lo que limita sus derechos laborales y su capacidad para mejorar sus condiciones de trabajo.
A nivel nacional, el 69% de la población también carece del derecho a un trabajo digno, con una tasa de desempleo del 10%. Estos datos son parte del Reporte 29 del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que destaca la necesidad urgente de abordar estas problemáticas laborales que han persistido durante años.
Para mejorar esta situación, se proponen varias acciones, como ampliar la oferta de servicios públicos de cuidado, establecer estrategias para el primer empleo formal de jóvenes y crear un modelo que vincule el RESICO del SAT con la afiliación al seguro social para trabajadores independientes.
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