La controversia en torno a Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el 26 de octubre, se intensifica con reportes que la sitúan en Arizona, Estados Unidos. La información, difundida por La Silla Rota el 30 de octubre, indica que Taddei habría viajado desde la Ciudad de México a Sonora, cruzando la frontera por Naco hacia Palominas, donde se encuentra una propiedad familiar.
Este desplazamiento ha suscitado dudas, especialmente en el contexto de investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones y conflictos de interés durante su gestión. Se menciona que antes de su viaje a Estados Unidos, Taddei estuvo en Cananea, Sonora, su lugar de nacimiento, y que durante su trayecto contaría con la discreta protección de elementos de la Policía Estatal de Sonora.
Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su ubicación ni un registro migratorio que valide su cruce fronterizo. Por lo tanto, su presunta estancia en Estados Unidos se considera una versión periodística sin respaldo oficial.
Las denuncias que rodean su administración han provocado una crisis en el INE, incluyendo acusaciones de beneficios a empresas contratistas y relaciones personales con proveedores. Uno de los nombres que ha surgido es el de José Alfredo Hernández Casillas, ligado a Cajas Graf, que recibió contratos significativos durante su gestión. Grabaciones que lo muestran junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de Taddei, durante un viaje a París, han aumentado las sospechas sobre posibles irregularidades.
El 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación inició una investigación sobre el uso de recursos públicos, lo que añade presión sobre las decisiones administrativas tomadas durante su presidencia. Taddei, al anunciar su renuncia, defendió su trayectoria de 33 años en el servicio electoral y enfatizó que su salida no debería obstaculizar la aclaración de las denuncias.
Su eventual estancia en Estados Unidos plantea nuevas preguntas sobre el futuro de las investigaciones relacionadas con su gestión. La separación del cargo no impide que las autoridades continúen revisando contratos y pagos, y su ubicación fuera del país no implica automáticamente que esté evadiendo responsabilidades.
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